Desconociendo el número exacto de plazas de toros propiedad de Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas y otros Organismos Públicos, que en definitiva podemos considerar que son propiedades del pueblo, es indudable que son nuestros representantes políticos, quienes deben gestionar su explotación (no he dicho su expoliación), de la forma más rentable posible, ayudando a su conservación y con la intención de beneficiar al pueblo, que es su legítimo dueño.
El asunto de la gestión pública o privada de los bienes del Estado, en sus diferentes escalas, es un debate que se mantiene diariamente en todos los lugares de reunión. No existe acuerdo en el modelo idóneo, porque tampoco existen escuelas para aprender a ser concejal, diputado, senador, alcalde, etc. etc., porque si hubiera exámenes, la mayoría no pasaría de ser un “Atila” (Rey de los UNOS); por lo tanto no encontramos motivos para saber porqué dirigen este o aquél departamento.
Si en vez de existir pliegos para la explotación de las plazas, hubieran gestores preparados (No lucidores del “palmito”) para llevar una gestión discreta y responsable, con exigencia legal bien vigilada, no habría abusos de usureros intermediarios. Es fácil comprender las dificultades que esto encierra, pero no tiene nada de imposible. No tengo inconveniente en mojarme dando nombres concretos: D. Pío García Escudero, actual Presidente del Senado, por ejemplo, rodeado de un buen equipo, no creo que fuera peor gestor que Lozano o Choperita, dándoles entrada a los aficionados, peñas etc. Se podrían poner muchos ejemplos de todas las tendencias.
Podrían organizarse en Asociaciones por categorías: Asociación Nacional de Plazas de Toros Públicas de 1ª, 2ª y 3ª categoría, donde se contrataran a toreros de diversos tramos del escalafón, para torear en todo el territorio nacional, con toros de distintas ganaderías, alternando con toreros de la tierra. ¡Que no quiere Vd. torear la corrida de Bañuelos en Burgos con Morenito de Aranda?, pues muy bien…, en Castilla León tampoco lo hará en ninguna plaza pública, los próximos 2 años!; en las plazas privadas…., lo que le plazca y cobrando todo lo que pueda….. y ¡Punto pelota!.
Algún día tendrá que acabarse el compadreo de formalizar los contratos de toda la temporada, sin haber hecho ningún mérito para ello. Si en los primeros contratos, no hay rendimiento, diversidad de toros, plazas, asistencia de público, etc., habrá que dar paso a quienes estén en mejor momento.
Si nuestros representantes políticos no saben dar respuesta a la gestión del Patrimonio Público, habrá que mandarlos a su casa, y si no existe una defensa a ultranza del arte taurino desde las instancias del más alto nivel (Empezando por el Rey, continuando por los partidos políticos y por los toreros), no lo podrán disfrutar la mayoría de los ciudadanos y se quedará para deleite de cuatro privilegiados.
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